La Administración Trump enfrenta acusaciones de violar derechos humanos al obstruir el regreso de Kilmar Ábrego García, un migrante salvadoreño deportado ilegalmente, pese a contar con estatus de protección temporal en Estados Unidos. En este contexto, organismos internacionales denuncian que su caso expone la criminalización sistemática de migrantes.

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Mientras la Corte Suprema estadounidense, ordenó reparar el presunto error, tanto el gobierno de Trump como el de Bukele se niegan a cumplir, alegando falta de pruebas sobre su vinculación con pandillas. A su vez, el senador, Van Hollen, reveló que El Salvador tampoco presenta evidencias.

El traslado de Ábrego García, al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad, forma parte de un acuerdo secreto entre Washington y San Salvador, que incluyó el pago de $6 millones por deportar a cientos de venezolanos. Asimismo, defensores de Derechos Humanos lo califican como secuestro institucionalizado.

Por otra parte, la jueza federal, Paula Xinis, advirtió que declarará en desacato al Gobierno de Trump si persiste en ignorar las órdenes judiciales. Subrayó que las declaraciones de la Casa Blanca y Bukele carecen de validez legal.

Las deportaciones masivas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma de 1798, han sido suspendidas por tribunales, pero Trump insiste en usarlas para expulsar a migrantes sin el debido proceso. Venezuela y organizaciones civiles exigen la liberación inmediata de los detenidos en El Salvador.

Jennifer Vásquez, esposa de Ábrego García, denunció que su familia vive un «secuestro político» tras ser separada frente a su hijo de cinco años. «No pararé hasta verlo con vida», declaró, mientras abogados preparan acciones legales por desacato contra el Gobierno estadounidense.

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